A seis meses de la segunda vuelta electoral y a tres meses de la toma de posesión del nuevo gobierno, las condiciones sociales y políticas del país siguen sin modificarse, al menos de manera perceptible.

Por Gustavo Maldonado

La dimensión del poder formal

Tras cuatro meses de protestas, una parte importante de la ciudadanía –especialmente de capas medias urbanas– regresó al refugio del sistema –de cuya influencia nunca salió– y otorgó su voto a un candidato que se suponía “outsider”, alguien proveniente de “las afueras de la política”. Jimmy Morales apareció de pronto, de manera casi imperceptible, al punto de que muchos pensamos que su candidatura era una broma, una parodia de la situación social. Nada menos que un comediante, conocido por un programa de televisión y media docena de películas prescindibles. Sin embargo, para algunos –la mayoría de quienes asistieron a las urnas–, Morales resultó ser el candidato adecuado o el menos peor, según el punto desde el que se aprecie. “Ni corrupto ni ladrón” según afirmaba su propia campaña, un no-político (¿?), que suponían, podía dar el paso de la vieja política corrupta hacia un nuevo ejercicio, despojado de la oscuridad y los intereses personales.

Si bien el ciclo de protestas del año pasado no significó transformación material alguna en la dimensión económico-social de la mayoría de la población, podemos decir que al punto en que se realizó el Gran Paro Nacional, los sectores del poder tradicional –nacionales y extranjeros–, observaban nerviosos cómo las cosas se les salían de las manos. Esto les hizo temer un desborde mayor y los empujó a forzar la renuncia de Otto Pérez, con lo cual lograron que las cosas volvieran a la calma y que un grueso de aquellas capas medias que se manifestaron en las plazas, regresara a la normalidad de la vida dentro de sus burbujas de indiferencia, tras asistir a las urnas. La renuncia y captura de Pérez Molina, la instauración de un gobierno de transición –hacia lo mismo– y la elección de Jimmy Morales como presidente, supusieron una nueva oxigenación del sistema.

Lamentablemente, la parodia se convirtió en realidad, sin llegar a provocar risa alguna. A casi tres meses de haber tomado posesión, el gobierno actual ha dado graves muestras de desconocimiento de la administración pública y de incapacidad para combatir la crisis política, social, económica y ambiental que se agudiza cada día. A esto podemos sumar la falta de transparencia en sus actos y una voluntad oscura de re-militarizar la sociedad. Lo que está sucediendo era previsible si tomamos en cuenta que el actual mandatario fue postulado por un partido político fundado y dirigido por militares vinculados a la violencia contrainsurgente. En pocas palabras, este gobierno carece de la capacidad y de la voluntad para combatir los problemas estructurales que requieren acciones urgentes.

Por otra parte, los primeros meses de esta legislatura nos han dejado ver en el Congreso de la República un reacomodo de los mismos actores, determinada ahora por los nuevos intereses en juego. Nada sorprendente si tomamos en cuenta que las elecciones generales, al haberse llevado a cabo bajo los parámetros excluyentes de la Ley Electoral, vigente al día de hoy, dieron como resultado la elección de muchos de los mismos diputados y de algunos nuevos, cuyo proceder –con pocas y encomiables excepciones– no se diferencia en nada del de sus predecesores.

La dimensión de lo simbólico

En cuanto a la dimensión simbólica, sabemos que la construcción de narrativas históricas no es tanto un ejercicio de producción de conocimiento, como un ejercicio de justificación del poder. La memoria simbólica representa un campo de batalla en el cual ciertos grupos y sectores han venido posicionando, por diversos medios, una versión ligera de lo acontecido. Esta versión desliga lo acontecido de su circunstancia histórica, de su relación con hechos anteriores. Además de intentar ocultar que el desenlace de las protestas representó una oxigenación del sistema, se pretende invisibilizar las versiones que parten de una perspectiva histórica y estructural de los acontecimientos.

Cierta narrativa, que ha predominado en el ambiente posterior al ciclo de protestas del 2015, intenta hacer ver la actualidad política como un enfrentamiento entre las fuerzas del bien –representadas en la lucha contra la corrupción, que es planteada como el problema de fondo– y las fuerzas del mal –representadas por la vieja clase política, desfasada y corrupta–. Esta versión de la situación actual no se encuentra lejos de la realidad, pues en efecto, existe una pugna entre sectores de poder que buscan hacerse del control para definir el camino que el país habrá de tomar en el futuro inmediato.

Es una pugna entre sectores poderosos, que buscan obtener el control, por lo cual esta explicación se encuentra limitada en varios sentidos: 1. Intenta anular, por medio de una narración sin referencias históricas –hablan como si la resistencia en Guatemala hubiera empezado en el 2015–, la versión y los aportes de amplios sectores democráticos cuyos planteamientos trascienden lo coyuntural y apuntan a las transformaciones estructurales. 2. Según esta lógica, el problema de nuestra sociedad y de otras sociedades –pues se trata de una estrategia geopolítica– es simple y llanamente la corrupción, lo cual deja de lado los problemas de fondo relacionados con la desigual distribución de la riqueza y la acumulación de la misma en pocas manos. 3.Propone a la clase política –corrupta, como es sabido– como la responsable del total de nuestras desgracias, ocultando, como al sol tras un dedo, las raíces profundas de la desigualdad y la pobreza, y encubriendo la responsabilidad histórica de actores tanto o más tenebrosos, como los sectores de poder económico que, sin lugar a dudas, se han llevado una tajada mayor que esa misma clase política, que les ha servido para operar dentro del sistema.

Las posibilidades del poder ciudadano

Visto de esta manera, el panorama se pinta desalentador para una sociedad que ha llegado, a través del proceso histórico de saqueo, a un estado de grave crisis política, social, económica y ambiental. Los linajes del poder tradicional –que tras el derrocamiento de Jacobo Árbenz en 1954 re-tomaron el poder y que a partir de aquel hecho contaron con el apoyo de los Estados Unidos–, ven ahora cómo, el cambio de estrategia de la potencia del norte, empieza a cuestionar las prácticas que antes alentaba y consentía.

La ciudadanía se encuentra ahora en el medio de una lucha entre los intereses de los poderes nacionales tradicionales –cuyos más impresentables exponentes se ven amenazados por la política norteamericana de lucha contra la corrupción– y los intereses estadounidenses de imponer el Plan para la Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica. Y en este punto quiero retomar la importancia del Paro Nacional del 27 de agosto pasado –quizá dejado de lado en muchos de los análisis realizados acerca del ciclo de protestas 2015–.

El Paro Nacional fue, sin lugar a dudas, la manifestación más relevante de ese ciclo. El Paro se realizó un día jueves, es decir que rompió la lógica de manifestaciones acomodadas de sábado por la tarde. Además, se gestó a partir de los esfuerzos de articulación de diversos sectores democráticos, especialmente sectores campesinos –cuyas luchas se remontan mucho tiempo en la historia– y grupos urbanos de tendencia democrática, sin la participación de los sectores del poder económico –recordemos que el CACIF rechazó desde el primer momento el Paro–. Esa unidad de diferentes sectores de la ciudadanía es lo que me interesa rescatar.

Las posibilidades de la ciudadanía para presionar por las reformas legales mínimas necesarias –dentro de la lógica de una sociedad democrática, que deja fuera cualquier cambio inmediato– para empezar a gestar las transformaciones estructurales que el país requiere, pasan por la capacidad de construir una articulación fuerte, representativa de los diversos sectores, grupos y pueblos que conformamos Guatemala. Una articulación desligada de los intereses empresariales-corporativos, del poder nacional e internacional, que asuma como prioridad dentro de sus demandas, las necesidades de las grandes mayorías.

Resulta importante asimismo, comprender que la renuncia de un presidente o de un gobierno en pleno, no constituyen en sí mismas logro alguno, si no van acompañadas de cambios dirigidos a combatir esta profunda crisis gestada a lo largo de la historia, a costa de la exclusión de grandes sectores de la población, del hambre, de la miseria. Comprender que votar por un personaje sin experiencia política anterior, no significa que de la noche a la mañana se convertirá en un estadista o al menos en un político honesto, que trabaje para transformar las lamentables condiciones de vida de la población. Vamos pues, toca seguir luchando, toca articularnos y construir un verdadero poder ciudadano.

 

Gustavo Maldonado

1974. Trabajador del pensamiento. Utiliza como formas de expresión la oralidad, la palabra escrita y la imagen audiovisual.